Un noviembre negro

Albert Camus, el célebre escritor francés autor de La Peste, decía, no sin razón, que las plagas, como esta del nuevo coronavirus que está próxima a cumplir su primer aniversario luctuoso, suelen desmoronar, socavar las almas de los humanos al punto de que todos terminan llevando algo de la enfermedad en sus corazones.

“¡Ah, si fuera un temblor de tierra! Una buena sacudida y no se habla más del caso…”, decía. “Se cuentan los muertos y los vivos y asunto concluido. ¡Mientras esta porquería de enfermedad! Hasta los que no la tienen parecen llevarla en el corazón”.

La misma observación, incluso con consecuencias más devastadoras, se puede hacer del curso que han tomado las dos principales revoluciones latinoamericanas de los años sesenta y ochenta: la revolución cubana y la revolución sandinista.

Es tan penetrante el vaho pestilente de su carácter autoritario y represivo de los derechos y libertades fundamentales de los cubanos y nicaragüenses ―debido al ejercicio ininterrumpido en el tiempo de su poder―, que ya es inaplazable preguntarse si definitivamente estos regímenes no solo terminaron por trastocar las banderas libertarias que alguna vez juraron, para terminar pareciéndose, cada vez más, al monstruo que juraron reemplazar, sea Batista o sea Somoza.

En Nicaragua, según una investigación de Reuters publicada el martes, en una década el régimen sandinista de Daniel Ortega se apropió de varios medios independientes de comunicación y los adscribió al poder familiar. De esa forma, la pareja Ortega-Murillo no solo aumentó su fortuna sino que utilizó el poder del Estado para socavar la independencia y viabilidad de otros medios, sus rivales informativos, que aún continúan haciendo su trabajo y conservando su independencia en contra de obstáculos que parecen insalvables.

En Cuba, la situación parece ser mucho peor no solo porque los medios estatales han diseminado propaganda oficial desde el primer día, porque el ataque a periodistas y medios independientes de antes, o a los digitales nacidos durante la política de deshielo promovida por el expresidente estadounidense Barack Obama, ha sido incesante e inclemente, sino también porque durante la pandemia el gobierno ha radicalizado la aplicación de una “ley azote” (el Decreto-Ley 370 de 2019), que parece sacada de los manuales más perversos de la Stasi, el temido Ministerio de Seguridad de la Alemania comunista.

La normatividad faculta a las autoridades a sancionar a los usuarios de redes sociales por las opiniones que el régimen cubano considere que van en contra de “la Revolución”. El decreto fue puesto en marcha durante la pandemia, a escondidas del mundo. Hasta ahora, al menos treinta cubanos han sido sancionados por criticar las medidas del gobierno.

La expedición de este decreto-ley era la crónica de una represión anunciada porque ya en 2018 había sido aprobado el Decreto 349, que prohíbe las expresiones artísticas que no hayan sido autorizadas por el Ministerio de Cultura o entidades culturales del Estado cubano.

La norma es tan draconiana que desde que se anunció su aprobación, generó el rechazo de artistas cubanos de renombre como Tania Brugera, José Ángel Toirac y Luis Manuel Otero Alcántara, entre muchas otras figuras de larga data en la escena artística cubana.

El decreto obliga a los artistas a inscribirse como tales ante una institución estatal de carácter cultural que, a su vez, debe otorgarles permiso para poder expresarse artísticamente y comercializar su obra.

Los artistas, críticos del decreto, dicen que la normativa busca coartar la libertad de creación y de expresión, como lo ha hecho, mientras que el gobierno cubano ha dicho que su propósito es defender la cultura cubana de una “oleada globalizadora y sus imitaciones nacionales”.

Un grupo de artistas se unió para rechazar y defenderse del Decreto 349 y en 2018 creó el Movimiento San Isidro, que toma el nombre de un barrio pobre y de artistas en el corazón de La Habana Vieja, con el fin de “promover, proteger, y defender la plena libertad de expresión, asociación, creación y difusión del arte y la cultura en Cuba”.

El gobierno no avanzó en la aplicación de este decreto ante la protesta internacional y, a cambio, dijo a Naciones Unidas ―que protestó por la medida― que expediría normas complementarias luego de reunirse a escuchar a los artistas.

Solo que en el caso del Decreto 349 dejó una mecha encendida que estalló el pasado 7 de noviembre cuando un joven rapero de 32 años, llamado Denis Solís, fue arrestado y acusado del presunto delito de desacato.

Ese día, un policía entró sin permiso de Solís ni autorización judicial al domicilio del artista, supuestamente con la intención de acosarlo. Mientras descansaba en un sofá e iniciaba una transmisión en vivo en redes sociales para documentar la invasión a su morada, el rapero preguntó al oficial: “¿Quién le mandó a pasar sin pedir permiso?”. 

Hubo un intercambio de palabras tras la resistencia del policía, que se negó a salir de la vivienda. Solís, conocido por su irreverencia, lo llamó un “penco (cobarde) envuelto en un uniforme”. Fue arrestado y varios medios cubanos luego reportaron que, en 48 horas, fue sentenciado, sin abogado ni derecho de defensa, a ocho meses de prisión por desacato a la autoridad.

El tema es que Solís hacía y hace parte del Movimiento San Isidro. Y tal vez las autoridades o el policía que entró a su casa sin permiso de su morador no contaban con que sus correligionarios, encabezados por Otero Alcántara, iniciaron una búsqueda frenética de su paradero. Las autoridades, como dicen los cubanos con cierto pasmo, lo habían “desaparecido”.

Pronto los artistas se reunieron frente a una estación de policía, conocida por ser un calabozo sólido, para saber el paradero del rapero. También exigieron su pronta liberación. Las autoridades los arrestaron y cuando los liberaron, volvieron a reunirse y preguntar por él.

Pero no consiguieron información. Algunos, como Otero Alcántara, se resistieron al silencio oficial y decidieron dormir a la intemperie, frente a la estación policial, a la espera de respuestas, como lo reportó Carlos Manuel Álvarez, cofundador de la revista El Estornudo, en The Washington Post. El silencio de las autoridades persistió hasta el lunes antepasado.

Ese día, cuando la poeta Katherine Bisquet organizó una jornada de lectura de poesía al frente de la casa del rapero, del centro policial, y de otros lugares emblemáticos de La Habana, la noticia de que un tribunal había condenado a Solís a ocho meses de prisión, como lo reportó Álvarez en The Washington Post,, sorprendió al Movimiento San Isidro.

Solo hasta entonces, nueve días después de su arbitrario arresto, se supo que el rapero había sido sentenciado sumariamente y que estaba encerrado en la temida prisión de Valle Grande, en La Habana, que es tristemente célebre por ser un lugar donde se han denunciado maltratos y abusos cotidianos de los guardias carcelarios.

El movimiento decidió continuar su protesta, ante los ojos expectantes o tal vez temerosos de los cubanos, y sus miembros se encerraron en su sede en un acto de libertad, pero, por encima de todo, en un acto de resistencia e irreverencia: un reto a la autoridad representada por la Seguridad del Estado, el aparato represor del gobierno cubano.

Otero Alcántara, Maykel Osorbo y otros más decidieron entrar en una huelga de hambre cuando la Seguridad del Estado decomisó los alimentos que una vecina les llevaba a las personas reunidas en la sede del Movimiento San Isidro. La protesta, tan diáfana en su concepción, sumó e hizo visible todas las últimas desgracias que la población cubana ha padecido, especialmente desde que se desató la pandemia del nuevo coronavirus.

El gobierno cubano decidió responder a la plaga controlando aún más los mecanismos de distribución de alimentos, lo que provocó el peor desabastecimiento desde el llamado “Período Especial”. Las filas para comprar comida se alargaron en tiempo y en distancia así como los pagos a quienes guardan los puestos en la cola.

Los ancianos tienen que salir a buscarse la vida porque con sus exiguas pensiones no se pueden alimentar y corren el riesgo de contagiarse y morir mientras intentan sobrevivir. Los jóvenes quieren irse del país porque no ven futuro alguno. La violencia machista contra las mujeres aumentó por el encierro pese a que las autoridades estaban advertidas.

A su vez, el gobierno de Donald Trump, en su afán por ganarse el voto de los cubanoamericanos de la Florida en la campaña presidencial pasada, decidió darle una vuelta de tuerca más a las sanciones en contra de Cuba y canceló la principal vía de remesas, la empresa Western Union, por su relación con la empresa militar cubana  Fincimex.

El gobierno, entre tanto, se dedica a mentir sobre las bondades de su industria biofarmacéutica para promocionar sus brigadas médicas por el mundo, su principal fuente de ingresos. Y todos, todos, salvo los miembros del alto gobierno, están comiendo a medias, con una dieta muy magra. Y su tarea diaria consiste en levantarse a buscar comida. 

Tanta libertad y un reto de tanta envergadura esgrimido por un grupo de jóvenes artistas que no se encuentran afiliados a nada distinto que a la libertad de crear y expresarse, no podía ser tolerado por el gobierno.

A finales de la semana pasada, en el grupo de Facebook del movimiento, los jóvenes denunciaron que la Seguridad del Estado supuestamente les había vertido “un líquido oscuro ―presuntamente ácido― por debajo de la puerta principal de la casa”.

“Concentrados en este hecho, no nos percatamos de que también tiraban, desde la azotea nuestra o quizá desde la vecina, más ácido en dirección de la casa, muy cerca de la cisterna donde almacenamos el agua”, dijeron.

El lunes, hacia las 3:00 de la tarde, hora local, Otero Alcantára y Osorbo cumplían seis días en huelga de hambre y sed. Al parecer, quienes están cerca del movimiento, atestiguando el minuto a minuto de la protesta, quieren evitar la inmolación de los artistas.

El gobierno cubano no ha cedido en las pretensiones y no quiere darle el beneficio de arresto domiciliario a Solís. Guarda silencio porque cree, tal vez con razón, que así va a ganar la partida. De hecho, dos de los más notables huelguistas, Luis Manuel Alcántara y Maykel Osorbo abandonaron la huelga de sed.

Fuera del estratégico silencio, desde el miércoles buscaba disolver la protesta pues Álvarez denunció que las autoridades presuntamente habían alterado su prueba PCR, que detecta el coronavirus, necesaria para entrar al país para obligarlo a salir de la sede a hacerse otro examen e impedir su regreso con los huelguistas.

Según un comunicado de la agencia PR Newsrire, reproducido por la agencia The Associated Press, el asedio mantenido por la Seguridad del Estado ha impedido que la Iglesia Católica ofrezca asistencia religiosa. Por su parte, el régimen prohibió a familiares y amigos dar suministros a quienes no están en huelga de hambre.

PR Newswire también dice que el gobierno cubano impidió a los representantes del cuerpo diplomático evaluar la situación de los huelguistas in situ.

El jueves, a eso de las ocho de la noche hora de La Habana, varios periodistas en Cuba reportaron que Etecsa, la empresa estatal de comunicaciones, bloqueó el acceso a redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram poco antes que agentes de la Seguridad del Estado entrarán a la fuerza a la sede del Movimiento San Isidro y se llevara detenidos a quiénes protestaban, incluyendo a Álvarez, el escritor y periodista cofundador de El Estornudo.

En la madrugada lo liberaron junto con el resto de quiénes protestaban. Sólo Osorbo siguió con la huelga de hambre mientras que varios artistas salieron a protestar ante la sede del Ministerio de Cultura y el gobierno se comprometió a no acosarlos más, a revisar de manera urgente la condena al rapero Solís y a revisar el Decreto 349.

Pero a las pocas horas incumplió y le montó una campaña de desprestigio a varios de los protestantes y culpó al gobierno de Estados Unidos por interferir en el país al apoyar al Movimiento de San Isidro.

Como no hubo una reacción de ninguno de los gobiernos latinoamericanos o de la Unión Europea, y el cerco a los medios internacionales apostados en La Habana persistió hasta el final ―a lo que se sumó el bloqueo de las webs de The Miami Herald y El Nuevo Herald el martes pasado y de la revista Rialta y el Proyecto Inventario― estamos siendo testigos de un noviembre negro, tal como la periodista independiente Luz Escobar bautizó a esta funesta sucesión de hechos en alusión a la Primavera Negra en 2003.

Entonces, el régimen encarceló a 75 disidentes, entre ellos periodistas, activistas de derechos humanos y por la democracia, acusados de actuar como agentes de Estados Unidos al recibir, supuestamente, ayuda de ese gobierno.

Solo que ahora, los tentáculos de la dictadura pueden quedar al descubierto con más rapidez, y en plena pandemia, por efecto de las redes sociales que han documentado parte de la soterrada pero efectiva represión al Movimiento San Isidro en un mundo cada vez más globalizado y donde, por más que Etecsa lo intenté, es difícil encubrir la verdad y lo que ocurre.

De manera que la enfermedad que hace muchas décadas se apoderó del gobierno cubano puede quedar expuesta ante el mundo, en medio del año de la peste, de la manera que señalaba Camus: en su ceguera, en su violencia y en su propaganda, que les puede costar la vida a los jóvenes artistas en huelga de hambre quienes tal vez quieran escapar de ese infierno.

Alejandro Manrique es Editor Regional Para América Latina y el Caribe del Institute for War & Peace Reporting.