Cubanos okupas abandonan terreno

La mayoría de las familias sin hogar que tomaron un predio en desuso en la provincia cubana de Mayabaque decidieron salirse, tras señalar amenazas de funcionarios y costosas multas.

Solamente cinco familias permanecen en el terreno situado en la periferia oeste de El Sopapo, que forma parte del municipio de Batabanó, y cuya propiedad pertenece a una organización gubernamental llamada Cultivos Varios.

En febrero, dos familias ingresaron al predio y rápidamente fueron seguidos por otras 30, quienes marcaron las parcelas del mismo tamaño. (Vea Okupas toman tierras del Estado en Cuba)

Cirilo Navarro, quien se retiró del predio ocupado, dijo que la mayoría de familias abandonó las tierras después que miembros del gobierno municipal en Batabanó y la empresa local de Cultivos Varios visitaron varias veces el lugar lanzando amenazas contra los ocupantes.

En cierta ocasión, expuso Navarro, las autoridades se presentaron con un tractor e insistieron en que abandonaran el sitio o derribarían todas las construcciones levantadas. También amenazaron con tomar acciones legales por tratarse, en la mayoría de los casos, de personas sin autorización para residir en la provincia. La mayoría decidió trasladarse a esta área, cercana a la capital La Habana, desde las regiones menos prósperas del oriente cubano. Este patrón de migración es común en Cuba.

Algunos de los ocupantes recibieron multas de hasta 1500 pesos moneda nacional, 60 dólares estadounidenses –una cifra que supera tres veces el salario promedio que devengan los trabajadores cubanos al mes.

Los ocupantes habían esperado que después de la imposición de multas, las autoridades les ofrecerían la oportunidad de presentar un reclamo legal por la tierra, sobre la base de que la tierra no era usada de todas formas.

“Escogimos estas tierras porque no hacen la diferencia para nadie,” señaló Navarro. “Desde que las conozco están subutilizadas. Por sus condiciones, los inspectores nos comentaron que seguramente terminarían traspasándonoslas”.

Elianis Alcántara, miembro de una de las cinco familias que no pretenden abandonar el terreno, comenta que los inspectores de la Oficina Municipal del Instituto de la Vivienda le dijeron que cuando el monto total de las multas pagadas ascendiera a 1500 pesos cubanos, le asistiría el derecho a reclamar la legalización de su solar.

“Me siento engañada” comentó Alcántara. “Me dijeron que si firmaba y pagaba las multas, la oficina de Vivienda estaba obligada a legalizarme, pero cada vez que viene un funcionario del gobierno amenaza con desalojarme”.

La mayoría de los ocupantes ilegales ya habían sido alojados en albergues destinados a los trabajadores agrícolas locales o en las casas de amigos y familiares.

Algunos han regresado a su anterior alojamiento, pero otros han perdido sus puestos de trabajo y con ello el derecho a un albergue.

Urbano Viciedo, quedó sin empleo y sin lugar donde pernoctar por lo que tuvo que enviar a su esposa e hija de 4 años de vuelta a la provincia Granma en el oriente de Cuba, con su familia.

“Siempre alguien me ayuda con un plato de comida, pero no tengo un lugar fijo donde dormir, a veces lo hago donde me coge la noche. No puedo exponerlas a esas condiciones de vida”, sentenció Viciedo.

Navarro dijo que había arriesgado todo lo que tenía para tratar de reclamar un pedazo de tierra.

“Lo poco que tenía y al final el gobierno siempre gana”, agregó Navarro.

Osniel Carmona Breijo es un periodista independiente en las provincias de La Habana y Mayabeque.

Esta noticia fue publicada por primera vez en el sitio web de IWPR.