Vendedores en las calles de Cuba pagan a funcionarios para sobrevivir

Los cubanos que se desempeñan vendiendo productos en las calles, se han convertido en presas de la extorsión y corrupción que rodea a la burocracia del Estado.

A una nueva clase de autoempleo llamada “cuentapropistas” se le permitió emerger a inicios de 1990, mientras el gobierno cubano batallaba con lidiar con el colapso del soporte económico soviético. Abarcan diversos nichos económicos, incluido el comercio de calle que se rigen por normas estrictas destinadas a restringir el crecimiento de la actividad empresarial.

Yulio Elizarde es un cuentapropista que empuja una carretilla de frutas y verduras por las calles de La Habana que vende a los transeúntes.

Elizarde está en el negocio desde 2010, pero afirma que durante los últimos seis meses ha sido víctima de constantes extorsiones realizadas por un grupo de inspectores. Cada semana le aplican una multa que oscila entre los 50 y 100 pesos en Moneda Nacional. Entre dos y cuatro dólares, no parece ser mucho, pero el promedio de ingreso en Cuba es alrededor de 400 pesos al mes.

Los oficiales le dicen a Elizarde que tienen un plan mensual de imposición de multas que cumplir.

“Cuando me propusieron aceptar de buena gana las multas, prometieron que si estaba de acuerdo me garantizaban protección en cuanto a no ser molestado por otros inspectores”, señala.

Para él, la propuesta era una ventaja, ya que podría “mover y estacionar en cualquier parte la carretilla” donde vende viandas (frutos y tubérculos), hortalizas y legumbres. “Entonces creí que sería un trato conveniente”.

Otro vendedor, Eliecer Montoya, también entró en el juego de multas por protección, orquestado por los inspectores.

“Poco tiempo después comprendí que había cometido un error” dice Montoya, “pues teniendo en regla la documentación para ejercer y abonando con puntualidad lo pactado con el fisco, no tenía porque aceptar chantaje ni mantener parásitos con el sudor de mi sacrificio”.

Reconoce que aceptado el pacto, no se puede anular.

“He protestado [con ellos] enérgicamente, pasan y me dejan una multa diciéndome que, si no estoy de acuerdo, puedo protestar donde quiera, que nadie creería que no había cometido infracción”.

Montoya se opone particularmente a las disposiciones para los “cuentapropistas” que establecen que el medio utilizado para transportar los productos en venta no debe permanecer estacionado en el mismo sitio por más de 45 minutos y tampoco que sean techados.

“Es abusivo [sic] tener que empujar un carretón de hierro a lo largo de toda la jornada sin poder colocar una cubierta donde guarecerse del fuerte sol tropical que impera en la isla”, dijo Montoya. “Tantas horas de sol deteriora la calidad de muchas mercancías”.

En el marco legal de Cuba, la extorsión es sancionable como un delito de cohecho, advierte el Licenciado en Derecho, Armando González.

“En este caso los inspectores incurren en un delito de cohecho, agravado desde el momento que participan como figura delictiva exigiendo dádivas a cambio de violar o incumplir algunas de sus funciones”. Señala que “los tribunales pueden sancionar de cuatro a siete años de cárcel a los inspectores”.

Aunque advierte que la extorsión “es una figura delictiva difícil de probar con muchas lagunas jurídicas”.

“Los cuentapropistas, pueden también ser sancionados por participar... en un delito de cohecho, ofreciendo beneficios económicos a cambio de ocultar sus ilegalidades” expresó González.

Paradójicamente, Elizarde y Montoya coinciden en que los inspectores no son responsables absolutos del embrollo en que se encuentran, sino que forman parte de la sociedad cubana actual donde todos buscan un recurso extra para vivir. La corrupción, para ellos, emerge como una extraña manera de solidaridad que emerge como tendencia de explotación entre conterráneos.

La corrupción es endémica a lo largo del sector público cubano y la cúpula gobernante ha hablado de ello abiertamente. El presidente Raúl Castro ha descrito la corrupción como uno de los “enemigos principales” que enfrenta el sistema socialista. A finales de septiembre, los medios nacionales dieron una amplia cobertura a un encuentro sobre “herramientas de control y prevención contra la corrupción administrativa”. 

Este artículo fue publicado por primera vez en el sitio web IWPR.