Cuba a Revisión en el Consejo de Derechos de la ONU en Mayo

Cuando el caso de Cuba llegue ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 1 de mayo, el gobierno tendrá que demostrar un progreso real desde su última aparición en 2009.

Como parte del proceso denominado Examen Periódico Universal (EPU), el órgano de Naciones Unidas hará una revisión sobre cuánto ha progresado Cuba en implementar las recomendaciones hechas en la última reunión, pero solamente en aquellas que fueron aceptadas.

En total, las autoridades cubanas aceptaron 60 de las 89 recomendaciones realizadas por representantes de otros países en el Consejo de Derechos Humanos en 2009.

En un comunicado emitido en febrero, la organización Amnistía Internacional recordó que las recomendaciones aceptadas por Cuba conciernen básicamente a “las políticas sobre derechos económicos y sociales que ya habían sido implementadas", pero también abarca una serie de temas clave como "la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades, la pena de muerte, la cooperación con los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, así como las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.”

El gobierno cubano reconoció que el progreso en la implementación de las recomendaciones ha sido lento debido al tiempo que toma hacer una adaptación de la legislación nacional.  

También han tratado de volver a enmarcar el debate con el argumento de que las sanciones de Estados Unidos contribuyen a un mayor abuso a los derechos humanos que cualquier preocupación nacional, y que en todo caso los derechos civiles básicos y de bienestar se cumplen.

Amnistía Internacional señala que la revisión de 2009 fue "muy politizada", por lo que la revisión del expediente de derechos humanos de Cuba terminó siendo "débil".

"Con pocas excepciones, la mayoría de las recomendaciones formuladas por otros Estados no se refirieron a la situación de los derechos humanos en Cuba", agregó la organización.

Cuba rechazó la minoría de recomendaciones que fueron contundentes, como el llamado holandés para garantizar que los periodistas independientes, activistas de derechos humanos y disidentes políticos puedan ejercer las libertades fundamentales sin riesgo de acoso, intimidación o persecución.

La respuesta del gobierno fue que cualquier recomendación que pueda “basarse en afirmaciones falsas o distorsionadas, ni formularse... de la ignorancia o de la falta de información sobre la realidad del país”.

La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, organismo no gubernamental, indicó que hay al menos 90 presos políticos en el país. Además, las 6.600 detenciones por motivos políticos que la Comisión registró en 2012 reflejan una tendencia al alza - la cifra fue tres veces superior al número de detenciones en 2010.

Yaremis Flores, abogada y periodista  independiente en Cuba.

Este artículo fue publicado por primera vez en el sitio web IWPR.