¿Está Colombia lista para la paz?

Desde que el Gobierno de Colombia anunció que había firmado un acuerdo para iniciar un proceso de paz con las FARC-EP, incluso los periodistas no se han atrevido a hacer la pregunta más importante: ¿Está Colombia lista para la paz?

El acuerdo preliminar, roto por Cuba y Noruega, después firmado el 27 de agosto, puede poner fin a la insurgencia de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) desde los años sesenta. En este escenario inicial, sin embargo, no existen planes para el cese al fuego.

En la década de 1985 a 1995 América Latina conoció la paz y la democratización. El Cono Sur dejó de estar bajo el yugo de las dictaduras y Centro América dejó atrás las guerras civiles por cuenta de los procesos de pacificación.

Colombia fue la excepción. En esa misma década, el país se democratizó y permitió la elección popular de alcaldes y gobernadores. La adopción de una nueva constitución en 1991 llevó a una impresionante descentralización administrativa y una completa reorganización del poder público.

Aun así, no terminó con su largo conflicto armado. Un enfrentamiento que no es fácil de explicar. Colombia es casi una sociedad urbana (80% de su población vive en las ciudades). La insurgencia, sin embargo, tiene un fuerte arraigo campesino en las zonas rurales. A pesar de que originalmente estuvo vinculada a una disputa fundamental sobre la tenencia de la tierra, mantiene un componente de tráfico de narcóticos muy fuerte. 

Incluso, la democracia colombiana no fue capaz de llevar una reforma agraria (fallida en 1936,  1958 y 1968). También fue incapaz de mejorar las condiciones de vida de los campesinos, quienes huyeron a las ciudades en busca de nuevas oportunidades.

El conflicto no resuelto de la tierra, llevó a la creación de guerrillas que querían la redistribución de la riqueza en el campo, repartición de baldíos y títulos de propiedad bajo el fundamento de que la tierra es de quién la trabaja.

Alarmado por estos ideales socialistas, Colombia, nervioso de tener una nueva Cuba, decidió defender la tenencia original de las parcelas. El resultado fue la creación de grupos de autodefensa y  grupos paramilitares que, autónomos o con ayuda de los políticos, policías y militares regionales, sembraron el terror en el campo.

La falta de recursos de las FARC-EP y el paramilitarismo, los obligó a conseguir en las drogas ilícitas, el secuestro y la extorsión la forma para pagar a los combatientes y conseguir las armas.

La escalada guerrillera y paramilitar fue impresionante durante las décadas de 1980 y 1990. Los paramilitares, por ejemplo, asesinaron a casi 3 mil 500 militantes del Frente Patriótico, un partido político ligado a las FARC-EP. Por su parte, la guerrilla hizo operativos gigantescos como la toma de la ciudad de Mitú o la toma a la base antinarcóticos de Las Delicias, en las que asesinaron a policías, militares y civiles por igual.

De 1954 al 2000, Colombia tuvo una política centrada en tener fuerzas militares débiles para evitar la dictadura, como pasó en el resto de América Latina. Esto cambio después del 2000, cuando fortaleció sus estamentos militares y policiales, el Estado comenzó a contener la lucha armada entre la guerrilla y los paramilitares. 

Entre 2003 y 2005, se desarrolló un proceso de paz dirigido a los principales grupos paramilitares. Como resultado, 30.000 combatientes fueron desmovilizados y el sometimiento a la justicia de casi todos sus líderes. También, entre 2008 y 2012 casi todos los cabecillas históricos de las FARC-EP murieron en combates u operaciones de las fuerzas militares.

Si las propuestas de negociación continúan, construir un proceso de reconciliación que permita la negociación de verdad, justicia y reparación, es complicado.

Las guerrillas parten del principio de que los grupos paramilitares son un brazo ilegal del gobierno, pero esto no es necesariamente cierto. La convivencia del Ejército y la Policía con los paramilitares está bien documentada, pero difícilmente el Estado ejerce la autoridad sobre los grupos que hacen operaciones  antiguerrilla al margen y tienen propósitos ilícitos fuera de cualquier tipo de control.

Del mismo modo, el gobierno parte del principio de la narcotización de la guerrilla. Las élites sospechan que buena parte del dinero que han pagado en secuestros y extorsiones son por actividades relacionadas con la guerrilla.

Con tanta suspicacia en todos lados, no será fácil construir la confianza. Las negociaciones han traído resultados relativos. Los líderes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos contrario a su voluntad. Los homicidios nacionales producto de la guerra con los paramilitares se redujeron  hasta en 3 mil por año (los estimados varían entre 1.500 y 5.000 asesinatos al año). Pero al mismo tiempo, las FARC-EP usaron el proceso de paz entre 1998 y 2002 para fortalecer su aparato militar. El Estado sabe que negociar con el conflicto andando no es fácil.

La buena noticia es que el gobierno y las FARC-EP se sentaron y pudieron poner en el papel algunos puntos en los que estuvieron de acuerdo. A pesar de que el conflicto continúa, este entendimiento inicial, es importante. Al menos existe una base para que las negociaciones sigan adelante, contrario a los esfuerzos pasados. 

Los colombianos hemos vivido por muchos años la realidad de la guerra. Hemos visto que el Estado está a punto de sucumbir ante el poder de los alzados en armas, más veces de las que nos quisiéramos acordar. Los diálogos de paz inspiran optimismo, pero también despiertan  interrogantes, por ejemplo, que de pronto no alcancen a derrotar el horror de la muerte y la destrucción del tejido social.

Rodrigo Sandoval Araujo, bloguero colombiano con estudios en Ciencias de la Comunicación y Ciencia política. (Blog: El bayabuyiba)