Naciones Unidas preocupada por la prostitución en Cuba

El trato a las trabajadoras sexuales en Cuba, incluyendo el confinamiento con propósitos de “re-educación”, fue planteado por el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, al examinar el expediente del país el mes pasado.

En un informe sobre sus resultados publicados el 25 de julio, el comité con sede en Ginebra expresó su “profunda preocupación” por la renuencia de Cuba para tratar el tema de la prostitución, y destacó que la “reeducación” de las mujeres que ejercen la prostitución no tiene objetivos y procedimientos claros, así como tampoco existe “la falta de información sobre la cantidad y [las] condiciones de [las] mujeres detenidas”.

El comité fue creado para supervisar cómo los países están poniendo en práctica la Convención de 1979 sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Al igual que otros signatarios de la Convención, Cuba tiene la obligación legal de poner en práctica sus disposiciones y presentar informes sobre los progresos realizados por lo menos cada cuatro años.

El organismo de la ONU examinó el caso de Cuba el 9 de julio, y publicó su informe dos semanas más tarde. 

Sus recomendaciones incluyen llamados a garantizar el acceso a la justicia, los programas de asistencia jurídica gratuita, la protección de víctimas de violencia, y la formación obligatoria para jueces, fiscales, policía, profesionales de la salud y la educación, así como a periodistas en materia de violencia contra las mujeres.

Los miembros del Comité expresaron su preocupación por la falta de estadísticas sobre las trabajadoras sexuales y la trata, al igual que la falta de esfuerzos para tratar y prevenir las causas de la prostitución.

Mientras la prostitución no es un delito en Cuba, el gobierno “tiene una clara posición de no tolerar la prostitución”, destacó el Comité. El gobierno “impone a las mujeres que mantienen un comportamiento antisocial y se dedican al ejercicio de la prostitución medidas de seguridad reeducativas, como el internamiento en un centro de rehabilitación”.

El Comité pidió a las autoridades cubanas más información sobre cómo define el “comportamiento antisocial” y cómo regula el proceso de "re-educación".

En cuanto a la trata de trabajadoras sexuales, el informe dice que la política del Estado debe garantizar “la rehabilitación y la integración social de las víctimas, proporcionándoles refugio y asistencia”.

Al exponer el informe gubernamental en la reunión del Comité de la CEDAW el 9 de julio, la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Olga Lidia Jones Morrison, dijo que 660 mujeres mayores de 18 años fueron detenidas por trabajar como prostitutas en 2011. No dio cifras más recientes ni tampoco cuántas niñas menores de edad fueron detenidas o si fueron encarceladas.

En una conferencia de prensa después de publicarse el informe de la ONU, la Ministra de Justicia de Cuba, María Esther Reus González,describió la presentación de Cuba como “fructífera”.

Cuba tiene ahora dos años para informar al comité de la CEDAW las medidas que ha adoptado en la aplicación de sus recomendaciones. Su próxima revisión será en 2017.

Yaremis Flores es una abogada independiente y periodista ciudadana en Cuba.

Esta noticia fue publicada por primera vez en el sitio web de IWPR