Cuba rechaza las recomendaciones "sesgadas" en derechos humanos

El gobierno cubano ha descartado lo que considera como recomendaciones “políticamente sesgadas” en materia de derechos humanos después de la revisión en Naciones Unidas.

Aunque se comprometió a responder cerca de 300 recomendaciones hechas por el grupo de trabajo del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas (EPU), Cuba dejó en claro que ha rechazado una parte del informe.

“Una minoría de las recomendaciones no son aceptables para Cuba”, señala un comunicado de prensa del gobierno. “Están sesgadas políticamente y construidas en premisas inexactas que intentan desacreditar a nuestro país”.

El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos bajo el cual todos los Estados miembro son revisados cada cuatro años y medio. Las recomendaciones no vinculantes se emiten para buscar mejorar su situación de derechos humanos antes de la próxima revisión. (Vea Cuba a Revisión en el Consejo de Derechos de la ONU en Mayo)

En el primer EPU en febrero de 2009, Cuba aceptó 60 de las 89 recomendaciones presentadas en el informe. Pero de acuerdo a Amnistía Internacional, existe poco progreso desde la revisión.

“De hecho, durante este periodo, la represión del ejercicio pacífico de los derechos civiles y políticos ha aumentado”, destacó la organización en un informe de febrero de 2013. “Periodistas independientes, activistas de derechos humanos y opositores políticos han sufrido a menudo el hostigamiento de los servicios de seguridad del Estado, y algunos han sido detenidos y condenados. Por otra parte, se ha producido un incremento continuo del número de detenciones arbitrarias desde 2009”.

Las detenciones por motivos políticos en Cuba son reportados cada mes por el Centro de Información Hablemos Press, liderado por el periodistas Roberto de Jesús Guerra Pérez y por la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), encabezada por Elizardo Sánchez, quienes registraron 6000 arrestos políticos en 2012. (Vea Cuba: Se triplican detenciones políticas en los últimos tres años)

De acuerdo a un informe del Departamento de Estado de EEUU presentado a mediados de abril, en Cuba hubo una cantidad récord de “detenciones a corto plazo con motivaciones políticas, y en ocasiones violentas” durante el 2012.

Sin embargo, en su exposición al grupo del EPU, el gobierno cubano negó la práctica de la detención arbitraria o tortura.

“Las detenciones se llevaron a cabo de acuerdo a los procedimientos penales y de acuerdo a los delitos según las categorías establecidas en la ley penal”, señala su presentación.

Las 292 recomendaciones del EPU 2013 incluyen llamados a Cuba para que ratifique e implemente  los tratados internacionales de derechos humanos.

Los Estados latinoamericanos y España tuvieron distintas posiciones en sus contribuciones al EPU. México alentó a Cuba para que aprobara la visita del Relator Especial contra la Tortura de las Naciones Unidas, y España añadió a esta solicitud la recomendación de que Cuba extienda una “invitación abierta y permanente” a los oficiales. Panamá recomendó continuar con el desarrollo de un marco institucional para la defensa de los derechos humanos. Chile reiteró su preocupación acerca del disfrute de la libertad de expresión.

Por el contrario, Nicaragua instó a Cuba a continuar garantizando los derechos económicos, culturales y sociales de sus ciudadanos, tomando una posición similar a la del 2009.

Cuba ahora tiene que dar sus respuestas en septiembre, cuando se reúna en sesión el Consejo de Derechos Humanos.

Yaremis Flores Marin, abogada independiente y periodista ciudadana en Cuba.

Este artículo fue publicado por primera vez en el sitio web IWPR.