Comerciantes cubanos ganan aceptación lentamente

Los comerciantes en el emergente sector privado en Cuba señalan que son asediados por autoridades corruptas y una falta de acceso a un mercado mayorista.

Por su parte, las autoridades reclaman que los pequeños empresarios conocidos como “cuentapropistas” frecuentemente comercian con productos robados del Estado.

A los cuentapropistas se les ha permitido operar desde principios de los años noventa, trabajando en los límites de la economía controlada por el Estado.

Los nichos económicos que el Estado no tiene posibilidades de atender, por ejemplo manejando pequeñas tiendas, venta de productos en carretillas en las calles y el manejo de taxis.

El presidente Raúl Castro expandió el espacio para que los cuentapropistas operaran bajo una nueva estrategia económica establecida en el último congreso del Partido Comunista en 2011.

En una ciudad -Camagüey en el oriente de Cuba, con una población cercana a los 330,000- más de 20,000 licencias para el autoempleo de comerciantes fueron otorgadas desde que las reglas se flexibilizaron.

Los permisos más populares en Camagüey son para la venta de frutas y vegetales.

Un vendedor callejero, Armando Rivero, considera que el precio de la licencia son accesibles entre 70 y 200 pesos al mes, el equivalente a 2.60 y 7.50 dólares estadounidenses.

“Ese dinero uno lo puede hacer en un par de horas de trabajo”.

“Lo difícil a veces es conseguir la mercancía y que los inspectores quieren que uno se mantenga el día entero caminando de un lado para otro empujando una carretilla que pesa más de 200 libras [91 kilogramos], algo que es imposible”, dijo Rivero.

La agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y los inspectores, son los encargados de revisar a los cuentapropistas.

Un inspector de Camagüey, que pidió no ser identificado, dijo que la mayoría de los comerciantes comercializan bienes robados de los suministros estatales.

“La mayoría de los productos que está vendiendo esta gente, provienen del desvío de recurso. Los que no son robados, son elaborados con material robado, en ambos casos, al Estado; y en el mejor de los casos, son comprados y luego revendidos a precios elevados”, dijo el inspector.

Jorge Luis, un ciudadano que acababa de comprar un juego de herraje de baño, coincideen que muchos de los productos en el mercado son robados.

“Sólo hay que sacar la cuenta”, dijo. “Algunos de estos tubos en la tienda valen más de cuatro CUC [Peso Cubano Convertible con valor equiparado al dólar estadounidense] y esta gente los venden en tres CUC”.

“Es lógico que si ellos no tienen como fabricarlos, se los compran a alguien que se los roba de los almacenes del Estado”, señaló.

El cuentapropista que vendió el juego de herraje a Jorge Luis, desmintió esta idea diciendo que  “Nosotros aprovechamos cuando hay rebaja en alguna tienda y compramos la mercancía por cantidad. En ocasiones tenemos que viajar hasta La Habana -520 kilómetros- para comprarla” dijo el cuentapropista.

Después aceptó que si paga a los inspectores “a ellos no les interesa de donde sale la mercancía”.

Explicó que los inspectores en muy rara ocasión le piden dinero.

“Simplemente nos presionan para que uno sea el que se lo ofrezca” dijo. “Si no lo haces así, ahí comienza la segunda parte del juego, que consiste en ponerte una multa elevadísima... cuando vas a las oficinas de cobro a pagarla, siempre aparece uno con cara de buena gente, diciéndote que por la mitad del dinero que vas a pagar, él te quita la multa. Yo estoy seguro que ese dinero después se lo reparten entre ellos”, describió el cuentapropista.

Desde que los cuentapropistas dependen de los permisos del gobierno para operar, son presa fácil de la extorsión.

Julián, un pequeño comerciante de La Habana, dijo que pagó para que le rebajaran la multa.

“A mí me pusieron una multa de 1000 pesos cubanos –equivalente a 40 CUC- y tuve que pagar 10 CUC para que me la quitaran”, confirmó Julián.

Jorge, que se desempeña como reparador y llenador de fosforera, dijo que él se había negado a pagar la extorsión y “como sabía que tenía razón” hizo las reclamaciones pertinentes y tuvieron que retirársela.

“Al final me dijeron que el inspector había cometido varias irregularidades; pero no tomaron ninguna medida con él”, dijo.

Un problema que contribuye al comercio de bienes robados es la falta de un mercado mayorista.

El gobierno se ha comprometido a proporcionar lugares de venta de mercancías y materias primas a cuentapropistas, aunque el plan está aún en sus primeras etapas.

En marzo, el gobierno autorizó un programa piloto en la Isla de la Juventud, una isla fuera de la parte continental de Cuba, para la venta de productos agrícolas, así como bienes de consumo e industriales. (La isla también está siendo utilizada para probar un esquema donde se vende gas envasado a precios comerciales mas que subsidiados. Vea Gobierno cubano pone a prueba reforma energética.)

Además, un mercado de abastos, ubicado en las instalaciones de propiedad estatal, pero operado por una cooperativa privada, abrió este mes en La Habana.

Calixto Ramón Martínez Arias es un periodista freelance en Cuba.

Esta noticia fue publicada por primera vez en el sitio web de IWPR